Las principales autoridades del Órgano Judicial se pronunciaron este miércoles para respaldar las acciones emprendidas por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, en relación con la denuncia formal presentada ante el Ministerio Público contra cinco magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La decisión marca un nuevo capítulo en el conflicto institucional que enfrenta a los máximos órganos del Estado.
La decana del TSJ, Rosmery Ruiz, aclaró que la actuación del Órgano Judicial “no pone en riesgo las elecciones de segunda vuelta”, desvirtuando las versiones que sugerían una posible intromisión en el proceso electoral. “Queremos decir al pueblo de Bolivia que no se han puesto en riesgo las elecciones de segunda vuelta. El Órgano Electoral es el encargado de administrar las elecciones y no así el TCP”, afirmó Ruiz.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, presentó la denuncia penal ante el Ministerio Público, solicitando que se investigue la presunta usurpación de funciones por parte de los cinco magistrados del TCP que continúan ejerciendo el cargo pese a la conclusión de su mandato constitucional. La causa se enmarca en el principio de legalidad previsto en el artículo 109 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que “nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni privado de lo que ellas no prohíban”.
Juristas consultados por CalleBolivia.Com sostienen que la prórroga de funciones carece de sustento jurídico, puesto que la CPE no contempla ninguna causal de autoprorroga para magistrados de los altos tribunales. “El ejercicio de funciones sin mandato constitucional podría implicar responsabilidad administrativa, penal y civil”, explicaron, recordando que el control sobre la legalidad de los actos de los servidores públicos corresponde también a la Contraloría General del Estado.
En ese sentido, distintas voces del ámbito jurídico han coincidido en que la Contraloría debería pronunciarse respecto a la legitimidad de los salarios y actos emitidos por magistrados cuyo mandato feneció, dado que la administración de recursos públicos está sujeta a control externo. “Si no hay mandato vigente, cualquier erogación de recursos podría ser observada”, advierten expertos en derecho público.
El debate sobre la prórroga judicial, que se arrastra desde 2023, se reactiva en plena antesala del balotaje electoral, lo que aumenta la tensión política y jurídica en el país. No obstante, el Órgano Judicial ha insistido en que su accionar responde al principio de independencia institucional y a la obligación de hacer cumplir la Constitución.
Redacción central La Paz
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