El expresidente Evo Morales condicionó su asistencia al acto de posesión de Rodrigo Paz a la existencia de “garantías” para su integridad y libre tránsito, pese a que enfrenta una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Tarija en octubre de 2024, dentro de un proceso por presunta trata de personas agravada.
Aunque una jueza de Cochabamba anuló temporalmente la medida en abril de 2025, el Ministerio Público advirtió que el caso continúa bajo revisión y la orden podría reactivarse en cualquier momento. Por esa razón, su eventual presencia en un acto oficial genera incertidumbre política y jurídica.
El proceso que pesa sobre Morales se remonta a denuncias presentadas el año pasado y fue motivo de tensiones entre el Ministerio Público, la Policía y su entorno político. En enero de 2025, el exmandatario fue declarado en rebeldía por no acudir a dos audiencias convocadas por la justicia de Tarija.
Para el entorno de Morales, se trata de un “lawfare” o persecución judicial, y por ello solicitan “garantías” para su retorno seguro. Sin embargo, constitucionalistas coinciden en que esa solicitud carece de sustento legal, ya que la ley obliga a todo ciudadano con una orden pendiente a comparecer ante el tribunal correspondiente. “La igualdad ante la ley no admite excepciones políticas”, señala el abogado constitucionalista Félix Paz, consultado por medios nacionales.
Más allá del aspecto jurídico, su pedido tiene también una lectura política: Morales busca reposicionarse públicamente después de haber perdido influencia dentro del MAS y de que nuevas fuerzas parlamentarias —como PDC, Libre y Unidad— definan hoy la agenda legislativa nacional. Su presencia o ausencia en la posesión de Paz será leída como un gesto político de alto valor simbólico.
Redacción central La Paz
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