La política económica volvió a instalarse en el terreno de las promesas fáciles. El ministro de Economía anunció la eliminación del ITF, los tributos al juego, las promociones empresariales y las grandes fortunas. Sin embargo, mientras no exista un proyecto de Ley enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, esos impuestos seguirán vigentes. En Bolivia, los anuncios vuelan, pero las normas caminan lento.
En teoría, el Gobierno podría haber remitido ya la propuesta si realmente existiera urgencia fiscal o convicción técnica. Pero no lo hizo. Y eso abre la puerta a una lectura inevitable: el anuncio sirve más para la coyuntura política que para una reforma tributaria seria. Porque, en la práctica, nada cambia hasta que la Asamblea lo apruebe, y el Ejecutivo lo sabe.
Este escenario se vuelve aún más contradictorio cuando se recuerda que el presidente Paz prometió reducir el IVA, bajar el IUE y eliminar el IT. Hoy, ninguna de esas reformas aparece en la agenda legislativa ni en los comunicados oficiales. Como suele ocurrir, lo que se dice en campaña se estrella contra la contabilidad del Estado. Prometer alivio tributario es fácil; asumir el costo fiscal es otra historia.
La realidad es simple: Bolivia mantiene un déficit persistente, reservas debilitadas y un aparato público que no reduce gastos. En ese contexto, disminuir impuestos centrales como el IVA o el IUE implicaría desfinanciar municipios, gobernaciones y al propio Tesoro. Por eso, el Gobierno opta por anunciar la eliminación de impuestos menores, pero evita tocar los que sostienen el presupuesto nacional. El discurso es audaz; la práctica, conservadora.
Al final, la discusión vuelve a una verdad incómoda: los impuestos no se cambian con declaraciones, sino con leyes. Prometer alivio fiscal sin un plan de compensación es una estrategia más cercana al marketing político que a una gestión responsable. Y mientras la brecha entre promesa y realidad siga creciendo, la credibilidad tributaria —y la confianza ciudadana— seguirá erosionándose.
Nota Editorial
