La Fiscalía allanó la vivienda del dirigente panificador Rubén Ríos y secuestró documentación vinculada a presuntos hechos de corrupción en Emapa, además de vehículos presuntamente empleados para fines no institucionales, entre ellos una ambulancia. El operativo confirma que alrededor del sector panificador y la distribución de insumos subvencionados había un circuito poco transparente que recién ahora empieza a destaparse.
Sin embargo, más allá del hallazgo, surge la pregunta inevitable: ¿dónde estaba la Fiscalía antes de que el caso estallara? La intervención llega después de la ruptura del convenio con el Gobierno, después del anuncio del incremento del precio del pan y después de que la crisis ya contaminó lo económico, lo político y lo social. La reacción tardía no solo alimenta sospechas, sino que instala la idea de que en Bolivia se investiga cuando conviene y no cuando corresponde.
El paradero de Rubén Ríos continúa desconocido, lo que complica aún más el panorama y expone otro déficit institucional: la falta de capacidad para asegurar la presencia de los investigados en procesos sensibles. Si la justicia quiere reconstruir credibilidad, este es el momento para actuar con rigor, celeridad y transparencia; de lo contrario, se repetirá la historia de siempre: operativos ruidosos, resultados pobres y enormes dudas sin resolver.
Portada gentileza ABI
Redacción central La Paz
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