La investigación se centra en la adquisición del predio agrícola denominado “Adán y Eva”, ubicado en Santa Cruz, una operación que —según el Ministerio Público— presenta irregularidades en su financiamiento, declaraciones tributarias y obtención de títulos ante la ABT. La Fiscalía sostiene que Rafael Arce no contaba con solvencia económica real para acceder a créditos bancarios de esa magnitud, lo que derivó en la imputación por el delito de enriquecimiento ilícito.
A pesar de la solicitud fiscal de detención preventiva por seis meses en San Pedro, fuentes oficiales aclararon que Rafael Arce continúa en Bolivia. Datos proporcionados por la propia autoridad migratoria señalan que no existe ningún registro de salida del país, lo que confirma que la alerta migratoria emitida meses atrás sigue activa y podría garantizar su presentación ante el juez cuando se defina la audiencia cautelar.
El caso se suma a una serie de cuestionamientos recientes al entorno del exmandatario, donde investigaciones por incremento patrimonial y presuntas ventajas indebidas han puesto el foco sobre el uso de poder para obtener beneficios privados. La presencia del hijo de Arce en Bolivia elimina el fantasma de una fuga, pero mantiene abierto el debate sobre el alcance real de la justicia cuando se trata de figuras vinculadas al poder político.
La audiencia cautelar será clave para definir si las evidencias presentadas son suficientes para enviar al imputado a San Pedro o si la defensa consigue medidas menos restrictivas. De momento, la confirmación de que Rafael Arce permanece en el país genera un nuevo escenario jurídico y mediático, marcado por la expectativa pública sobre la independencia del sistema judicial y la lucha contra la corrupción.
Redacción central La Paz
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