El anuncio del Gobierno de Rodrigo Paz de abrogar impuestos clave —el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y el Impuesto al Juego (IJ)— fue presentado el 25 de noviembre como el golpe de timón destinado a reactivar la economía boliviana. Un gesto audaz, cargado de simbolismo político y orientado a recuperar la confianza de inversionistas fatigados por años de incertidumbre y señales contradictorias. Pero, a dos semanas del anuncio, el paquete normativo sigue sin llegar a su destino más importante: la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La promesa existe. La ley, no.
Estos tributos nacieron en administraciones anteriores como respuesta a una necesidad desesperada de ingresos frescos. El IGF —con tasas del 1,4% al 2,4% para patrimonios superiores a 30 millones de bolivianos— y el ITF —un 0,3% sobre transacciones financieras— fueron defendidos como herramientas redistributivas, pero pronto se volvieron sinónimo de fuga de capitales y desconfianza entre los agentes económicos. Los argumentos para eliminarlos no son nuevos: inhiben la inversión privada, castigan el ahorro formal e introducen distorsiones que terminan afectando al propio Estado. La novedad recae en que, esta vez, es el Gobierno el que asume ese diagnóstico… pero aún no ejecuta la cirugía legal necesaria.
Hoy, el Ejecutivo asegura que la abrogación forma parte de un paquete mayor de reformas fiscales y ajustes presupuestarios destinados a enfrentar la crisis heredada. Sin embargo, ningún legislador ha confirmado la llegada de los proyectos de ley, y los portales oficiales —tanto del Ministerio de Economía como de las cámaras legislativas— permanecen en silencio absoluto. En un país donde la incertidumbre cuesta millones, este vacío no solo desconcierta: erosiona el impulso político que el propio Gobierno se esforzó en construir.
La administración Paz tiene la oportunidad de marcar un antes y un después en política económica, reemplazando el voluntarismo fiscal por un enfoque realista y moderno. Pero esa oportunidad se diluye si la agenda legislativa no acompaña. En este momento, lo que falta no es voluntad, sino trámite. Y en política económica, el trámite es tan importante como la decisión.
La abrogación de estos impuestos puede convertirse en uno de los pilares de la nueva narrativa de estabilidad y crecimiento. Pero solo si aterriza en la instancia que corresponde. Mientras los proyectos no ingresen a la ALP, el país se queda atrapado en esa zona gris donde las promesas entusiasman, pero la realidad normativa las congela.
Portada Manuel Rodríguez y Gabriel Espinoza, ministro de Economía
Por Manuel Rodríguez, analista invitado
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