¿Denunciar tarde limpia el silencio de años? Las declaraciones de la directora de la ANH, Margot Ayala, abren un debate incómodo en Bolivia: admitir que se vio corrupción y no se denunció por miedo no solo interpela al pasado, sino también a la autoridad moral de quienes hoy prometen transparencia.
La llamada Comisión de la Verdad sobre hidrocarburos nace bajo el discurso de transparencia, pero su composición vuelve a encender las alertas. Sin auditorías formales ni expertos técnicos en contratación y control interno, la investigación corre el riesgo de convertirse en un ejercicio político antes que en un mecanismo real para identificar responsabilidades y llevar los casos ante la justicia.
Una llamada —real o supuesta— no debería ser suficiente para torcer la justicia. Pero en Bolivia, el solo miedo a “bajar cabezas” ha sido, durante años, más eficaz que cualquier argumento legal. Las revelaciones del exfiscal del caso Fondioc, difundidas por Erbol, no solo reabren un expediente de corrupción, sino que exponen una verdad incómoda: cuando la política presiona y la ética cede, la justicia deja de servir al ciudadano.
