Las recientes declaraciones de la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, han abierto un debate incómodo pero necesario sobre la ética en la función pública. Ayala afirmó que trabajó alrededor de diez años en el sector de hidrocarburos durante gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y que, pese a haber presenciado irregularidades, no las denunció por temor a represalias. Sus palabras han generado respaldo en algunos sectores, pero también cuestionamientos de fondo en las calles de la ciudad de Cochabamba.
Desde una perspectiva institucional, el caso plantea una pregunta clave: ¿hasta qué punto el silencio de un funcionario frente a hechos irregulares puede ser considerado una forma de responsabilidad por omisión? La legislación boliviana establece que los servidores públicos tienen deberes de denuncia y control, especialmente cuando ocupan cargos técnicos o jerárquicos con capacidad de decisión. El miedo a perder el empleo o sufrir represalias puede explicar conductas, pero no siempre las exonera.
El problema no es solo individual. Durante años, el Estado boliviano funcionó bajo una lógica donde callar era una forma de supervivencia y denunciar significaba quedar fuera del sistema. Sin embargo, cuando ese silencio se reconoce públicamente desde un cargo de poder, como el que hoy ocupa la directora de la ANH, surge una tensión entre credibilidad, coherencia y autoridad moral para liderar procesos de transparencia, añade un entrevistado por CalleBolivia.
Hoy, Ayala encabeza denuncias y procesos de depuración interna en la ANH, lo que abre una segunda pregunta: ¿basta con denunciar ahora o también corresponde asumir responsabilidad por no haberlo hecho antes? En una democracia que busca fortalecer sus instituciones, la lucha contra la corrupción no solo exige señalar a los responsables del pasado, sino también revisar los silencios que permitieron que esas prácticas se sostengan en el tiempo.
Redacción central Cochabamba
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