Las recientes declaraciones del exfiscal del caso Fondioc, Anghelo Saravia, difundidas por la red Erbol, reactivaron el debate sobre el grado de independencia de la justicia boliviana durante los años de mayor concentración de poder político. Saravia aseguró que, mientras investigaba el millonario desfalco en el ex Fondo de Desarrollo Indígena, fue objeto de presiones desde distintos niveles del poder político y judicial para evitar la detención de la exministra Nemesia Achacollo o, en su defecto, para imputarla por delitos menos graves, debido a su cercanía con el entonces presidente Evo Morales.
Más allá de que no se hayan presentado pruebas materiales —como registros de llamadas o documentos oficiales— que respalden estas presiones, el testimonio expuesto en el programa La Mañana en Directo de Erbol pone en evidencia un problema estructural: la fragilidad de la justicia frente al poder político. El eje del debate no se centra en la verificación de contactos específicos, sino en la existencia de un sistema donde una llamada, real o supuesta, puede condicionar decisiones judiciales de alto impacto.
Juristas consultados de manera extraoficial coinciden en que el problema de fondo es ético y profesional. “La justicia se dobla cuando quienes la administran prefieren proteger su cargo antes que cumplir la ley”, señaló un abogado que pidió reserva de identidad. Este enfoque traslada la discusión desde la victimización de los operadores judiciales hacia su responsabilidad individual, en un contexto donde el temor a represalias —expresado en frases como “bajar cabezas”— se habría convertido en un mecanismo informal de control.
El caso Fondioc, así, vuelve a funcionar como un espejo de las debilidades institucionales del país. Expertos coinciden en que cualquier reforma real del sistema judicial debe ir más allá de cambios normativos o discursos políticos, y comenzar desde la formación universitaria, fortaleciendo la ética profesional y la independencia como pilares centrales. Mientras la justicia tema más al poder que a la ley, la impunidad seguirá siendo un problema estructural en Bolivia.
Redacción central La Paz
About Author
