El Gobierno volvió a cargar contra la dirigencia de la COB en medio de las protestas contra el Decreto Supremo 5503. Los ministros Óscar Mario Justiniano y Gabriel Espinoza pusieron en duda la legitimidad sindical preguntando públicamente cuánto ganan los dirigentes y por qué no se movilizaron cuando, durante el Gobierno del MAS, el país enfrentó filas por combustible y una inflación creciente. El mensaje oficial que se ofreció en Santa Cruz intenta trasladar el debate desde el decreto hacia la credibilidad moral de la dirigencia laboral.
La COB, por su parte, sostiene que su lucha es por todos los bolivianos y que las movilizaciones no responden a intereses partidarios del pasado. Sin embargo, el desgaste acumulado pesa: la desconfianza hacia los dirigentes, los privilegios señalados y las fracturas internas debilitan su narrativa. El Gobierno ha encontrado en ese flanco la vía para cuestionar la coherencia del movimiento sindical y sembrar dudas entre sus propias bases.
Mientras ambas partes se enredan en acusaciones, la sensación dominante en la calle es otra: “políticos y sindicalistas no cambian, son los mismos de siempre”. La ciudadanía observa el conflicto con creciente frustración, sin identificarse ni con el discurso gubernamental que revive el pasado, ni con una COB que intenta aparecer renovada, pero arrastra viejas prácticas y liderazgos poco transparentes.
El conflicto por el Decreto 5503 revela un punto crucial para el país: ninguno de los actores que aspira a conducir la agenda social goza de credibilidad suficiente. Gobierno y COB continúan respondiéndose con discursos del pasado, mientras la población exige soluciones reales para una economía debilitada y un clima político cada vez más incierto.
Redacción central Santa Cruz
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