Sáb. Ago 15th, 2026

Fiscalía evalúa ampliar la investigación del Caso Fondo Indígena a 10 personas, incluida Achacollo

La investigación por el desfalco al Fondo Indígena vuelve a moverse: la Fiscalía evalúa ampliar el caso a unas 10 personas más, entre ellas la exministra Nemesia Achacollo, mientras nuevos informes revelan responsabilidades que no fueron consideradas en la primera fase del proceso. El caso, que ya salpicó a exautoridades de alto nivel, se encamina a una nueva etapa clave.

La investigación por el millonario desfalco del Fondo Indígena (Fondioc) vuelve a tomar impulso. La Fiscalía confirmó que analiza ampliar el proceso a unas 10 personas más, entre ellas la exministra Nemesia Achacollo, quien ya estuvo vinculada en fases anteriores del mismo caso. La decisión final dependerá del análisis de los nuevos informes presentados por las partes acusadoras.

El fiscal Miguel Cardozo explicó que la institución revisa documentación reciente que podría justificar la incorporación de más involucrados. Entre los nombres que se examinan figura el de Achacollo, expresidenta del directorio del Fondioc durante el gobierno de Evo Morales, una etapa en la que se detectaron más de un centenar de proyectos con ejecuciones irregulares y un daño económico millonario al Estado.

El Caso Fondioc, revelado en 2015, es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en el país. En julio de este año la Fiscalía presentó una acusación formal contra al menos 15 exfuncionarios y dirigentes, y semanas después emitió mandamientos de aprehensión contra varias exautoridades, incluida la orden contra el expresidente Luis Arce, en el marco de la misma investigación. La nueva revisión de pruebas abre la puerta a una posible ampliación significativa del proceso.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa citando a exautoridades y dirigentes para recabar declaraciones clave antes de definir quiénes serán formalmente incorporados en esta nueva fase. En un momento de fuerte cuestionamiento público hacia la gestión de recursos estatales, el avance del caso vuelve a posicionar el debate sobre la transparencia y la responsabilidad política en proyectos destinados a comunidades indígenas.

Redacción central La Paz

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