Durante años, Venezuela mantuvo procesos electorales formales, pero con instituciones capturadas, árbitros sin autonomía y una competencia política profundamente desigual. En ese contexto, el voto dejó de ser una herramienta efectiva de corrección del poder y pasó a funcionar como un ritual de legitimación, más que como una expresión genuina de soberanía popular.
Por eso, aunque el principio defendido por Morales y Arce es correcto en términos normativos, resulta políticamente insuficiente frente a una realidad donde la democracia ya no operaba como sistema de contrapesos. La oposición enfrentó inhabilitaciones, persecución judicial y restricciones estructurales que vaciaron de contenido el proceso electoral, sin que la región exigiera correctivos con firmeza, dice el analista internacional Juan Copa.
Este silencio regional prolongado frente a la degradación institucional venezolana explica parte del dilema actual. Cuando las vías internas se cierran y la comunidad internacional mira hacia otro lado, el conflicto tiende a resolverse por caminos extremos, incluso aquellos que vulneran el derecho internacional y la soberanía estatal.
El caso venezolano deja una lección incómoda para América Latina: defender la democracia no es solo invocar elecciones, sino garantizar condiciones reales de competencia, independencia institucional y alternancia. Cuando esos elementos desaparecen, el discurso democrático se convierte en consigna, y el costo lo termina pagando la estabilidad regional, señala Copa.
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Redacción central La Paz
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