La Alianza Libre expresó su preocupación por los Decretos Supremos 5503 y 5515, señalando que ambos configuran un patrón de decisiones ejecutivas que, en su criterio, debilitan el rol de la Asamblea Legislativa y reconfiguran competencias que la Constitución reserva a otros órganos del Estado. En su comunicado, la alianza advierte que estas medidas podrían normalizar una práctica de gobierno con bajo control institucional.
En el caso del Decreto 5503, el cuestionamiento apunta a su alcance en materia económica y administrativa, particularmente en lo referido a la gestión de empresas estatales y operaciones financieras sin una fiscalización legislativa clara. Para Libre, el problema no es solo el contenido del ajuste, sino el mecanismo utilizado, al considerar que decisiones de alto impacto fiscal deberían pasar por el debate parlamentario.
Respecto al Decreto 5515, la crítica es aún más sensible desde el punto de vista constitucional. Libre sostiene que permitir al Presidente gobernar desde el exterior, sin activar plenamente el mecanismo de suplencia del Vicepresidente, desnaturaliza el artículo constitucional que regula la ausencia temporal del mandatario, lo que —según su interpretación— no puede ser modificado mediante un decreto supremo.
En este escenario, la advertencia de Libre no se limita al terreno discursivo: los decretos ya enfrentan recursos legales y cuestionamientos públicos, lo que traslada el conflicto al ámbito judicial y constitucional. Mientras el Gobierno defiende la legalidad de sus decisiones, el debate de fondo sigue abierto: ¿hasta dónde puede llegar el Ejecutivo por decreto sin afectar el equilibrio de poderes? La respuesta, esta vez, no será solo política, sino también jurídica.
Redacción central La Paz
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