La Fiscalía informó sobre un presunto desfalco millonario en la Empresa Estatal de Producción y Comercialización de Oro (Epcoro), vinculado a desembolsos realizados durante la gestión 2024. El principal implicado es el exgerente de la estatal, Edwin Vladimir C.H., quien fue aprehendido este miércoles en la ciudad de Oruro, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción y uso indebido de recursos públicos.
Según las investigaciones preliminares, el exgerente habría coaccionado a funcionarios para que realicen depósitos de dinero que luego debían ser entregados directamente en sus manos, un mecanismo que habría permitido desviar fondos sin trazabilidad bancaria efectiva. El Ministerio Público sostiene que existen indicios suficientes de un esquema sistemático y no de un hecho aislado.
Sin embargo, el caso vuelve a abrir un debate incómodo: ¿dónde estaban los controles internos y las auditorías mientras se ejecutaban estos desembolsos? Epcoro, por el volumen de recursos que maneja y por operar en un sector históricamente vulnerable a irregularidades, debería contar con mecanismos de fiscalización reforzados, tanto internos como externos, que detecten movimientos financieros atípicos en tiempo real, señala un contador público que prefirió mantener en reserva su nombre.
Este nuevo escándalo se suma a una lista de casos donde la reacción estatal llega después del daño, cuando los recursos ya se perdieron y la institucionalidad queda debilitada. Más allá de la responsabilidad penal del exgerente, el proceso también podría derivar en responsabilidades administrativas y civiles por omisión de control, un punto clave si se pretende evitar que la corrupción siga repitiéndose bajo el mismo patrón: funcionarios implicados y sistemas de fiscalización que miran desde la tribuna.
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Redacción central Cochabamba
