La declaratoria de Emergencia Energética y Social y la autorización para la importación privada de combustibles buscan aliviar el desabastecimiento y la presión fiscal del Estado, pero dejan abierta una interrogante estructural: ¿quién puede garantizar un suministro estable sin disparar los precios al consumidor? En un contexto de escasez de divisas, alta sensibilidad social y desgaste del modelo de subsidio, limitar la discusión únicamente al binomio Estado–privados puede resultar insuficiente.
Desde el plano operativo, el éxito de la medida dependerá de la rapidez y simplicidad con la que la Aduana Nacional, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Hidrocarburos reglamenten los nuevos procedimientos. Si los trámites se vuelven complejos o restrictivos, la apertura perderá efectividad y podría concentrarse en pocos actores con alta capacidad financiera, sin garantizar impacto real en el abastecimiento ni en los precios finales.
En este escenario, cobra vigencia una propuesta planteada previamente por Manfred Reyes Villa durante su campaña presidencial: pero para habilitar a los municipios como negociadores directos para la compra de combustible. La lógica es que los gobiernos locales, individualmente o mediante consorcios, podrían actuar como compradores agregados para transporte público, servicios urbanos y sectores productivos locales, reduciendo intermediación y ganando eficiencia logística. Más allá de la cifra concreta que mencionó en campaña —un precio cercano a los 5 bolivianos por litro—, el planteamiento introduce una discusión de descentralización energética y gestión territorial del abastecimiento.
El desafío, sin embargo, no es solo técnico, sino social. Si los precios internacionales suben o la escasez de dólares persiste, cualquier esquema —privado o municipal— podría trasladar el ajuste a pequeños transportistas, productores y trabajadores que dependen del combustible para generar ingresos diarios. Por ello, la emergencia energética obliga a repensar no solo quién importa, sino quién asume la responsabilidad de garantizar estabilidad, equidad y sostenibilidad en un mercado altamente sensible para la economía popular.
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Redacción central Cochabamba
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