La determinación fue asumida por un juzgado de instrucción en La Paz luego de que Dorgathen no asistiera a la audiencia programada dentro del proceso conocido como caso Botrading, que investiga presuntas irregularidades en contratos de intermediación para la importación de combustibles. Ante la incomparecencia, la autoridad judicial ordenó su declaratoria de rebeldía y la emisión de mandamiento de aprehensión, activando además los mecanismos de búsqueda internacional.
De acuerdo con los antecedentes del proceso, la Fiscalía sostiene que durante su gestión se habrían firmado contratos considerados lesivos al Estado, vinculados a la empresa Botrading, con posibles impactos económicos millonarios para YPFB. Los delitos investigados incluyen incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos irregulares, en un contexto marcado por la crisis energética y la presión social por mayor rendición de cuentas.
La activación de la alerta internacional refuerza la hipótesis de que el exejecutivo no se encontraría en territorio boliviano. Este paso no solo busca su ubicación y eventual captura, sino que también envía una señal política e institucional sobre la intención del Estado de sostener el proceso judicial, incluso fuera de sus fronteras, en un caso que compromete la credibilidad del sector hidrocarburos.
El caso Botrading se consolida así como un nuevo foco de tensión entre justicia, gestión pública y control ciudadano. Más allá del desenlace legal, el proceso abre una discusión de fondo sobre los mecanismos de contratación en empresas estratégicas, la supervisión real de los recursos públicos y la necesidad de fortalecer la transparencia en un contexto económico cada vez más sensible para Bolivia.
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