Fitch Ratings elevó la calificación de Bolivia de CCC- a CCC, una mejora técnica que refleja una moderación del riesgo de impago tras restricciones políticas y fiscales, pero que mantiene al país en una categoría de alto riesgo con desafíos macroeconómicos estructurales aún por resolver.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, elevó el tono del discurso institucional y lanzó una advertencia directa a los jueces del país: quienes no acompañen la “nueva forma de administrar justicia” deben dar un paso al costado. La frase no solo marca un giro de autoridad interna, sino que reabre el debate sobre hasta dónde puede llegar la conducción administrativa del Órgano Judicial sin afectar la independencia jurisdiccional.
La memoria política no siempre perdona. En septiembre de 2017, el oficialismo pedía solidaridad para un ministro enfermo que —según Evo Morales— “no tenía plata”. Hoy, cuando la Fiscalía abre una investigación por la presunta adquisición de varios inmuebles a nombre de un hijo del presidente Luis Arce, aquella escena vuelve como un espejo incómodo para el discurso de austeridad del poder.
