Un fallo judicial ordenó que, hasta la presentación de un nuevo estudio técnico, la tarifa preferencial del transporte público para adultos mayores en el municipio de Cercado (Cochabamba) vuelva a Bs 1.50, revirtiendo el incremento provisional que había elevado ese cobro a Bs 2.50 tras la eliminación de subsidios a los combustibles.
El Gobierno defiende su ley antibloqueos, pero la sociedad mira con atención cómo se aplicará. José Luis Lupo asegura respeto al derecho a protestar, mientras los legisladores y la ciudadanía debaten si un referéndum nacional daría legitimidad o generaría más tensiones. Bolivia se encuentra en el filo entre seguridad, derechos ciudadanos y participación directa.
Mientras millones de bolivianos ajustan sus gastos, recortan consumos básicos y sienten el peso directo de la crisis económica, en las entrañas del poder todavía circulan beneficios que no aparecen en los discursos oficiales. La denuncia del senador Wilder Véliz sobre la entrega de chips con crédito mensual para autoridades no solo revela un gasto administrativo que incomoda, sino que expone una vieja pregunta que vuelve con fuerza en el inicio del gobierno de Rodrigo Paz: ¿el ajuste será solo para el ciudadano o también alcanzará a los privilegios del Estado?
