El traslado del feriado del 22 de enero no es un simple ajuste de calendario. En la práctica, implica una redefinición del uso político de la fecha. Mientras el MAS convirtió esta jornada en un ritual identitario —con actos públicos, movilización de bases y discursos de reafirmación ideológica—, el actual Gobierno opta por vaciar ese contenido simbólico y reemplazarlo por una lógica funcional: movimiento económico, turismo, servicios y consumo interno.
Rodrigo Paz evita así una confrontación frontal con el imaginario masista. No elimina el feriado ni cuestiona su origen, pero lo desplaza de su centralidad política. El mensaje es sutil pero claro: el Estado ya no gira alrededor de una liturgia partidaria, sino de criterios de gestión y dinamización económica. Es una señal dirigida tanto a los sectores productivos como a una ciudadanía cansada de la polarización simbólica.
Esta decisión también refleja una apuesta estratégica por consolidar un perfil de gobierno pragmático, más enfocado en resultados que en relatos épicos. En un contexto de restricciones fiscales, desaceleración y presión social por empleo y estabilidad, el Ejecutivo busca instalar la idea de que cada decisión pública debe tener impacto económico tangible, incluso en aspectos que antes estaban cargados de ideología.
El riesgo político, sin embargo, no es menor. El MAS —aunque hoy con menor peso institucional— podría interpretar el movimiento como un intento de diluir su legado histórico y activar una narrativa de “borrado simbólico”. Pero el pulso social parece haber cambiado: la prioridad ya no está en los rituales políticos, sino en la capacidad del Estado de ordenar la economía cotidiana. Más que un gesto administrativo, el traslado del feriado marca una disputa silenciosa por el sentido del poder y la memoria pública.
Portada gentileza archivo Abi
Redacción central Cochabamba
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