El debate sobre las denominadas “narco-maletas” volvió a poner en evidencia las fragilidades del sistema de control en Bolivia. Más allá de los casos específicos que se investigan, el episodio instaló una pregunta de fondo: ¿el Estado tiene hoy capacidad real para blindar sus fronteras frente al tráfico ilícito? La percepción pública es que los mecanismos de control siguen operando con una lógica heredada, reactiva y fragmentada, donde las responsabilidades se diluyen entre instituciones y los vacíos terminan siendo aprovechados por redes ilegales.
En el centro de la discusión aparece la Aduana Nacional. Su discurso institucional muestra intentos de modernización, pero en la práctica persisten procedimientos, culturas internas y zonas grises que remiten a un modelo agotado. Si el gobierno pretende una verdadera reestructuración bajo una política moderna de control fronterizo, el presidente Rodrigo Paz deberá comenzar a dar señales claras y verificables de ese cambio: reformas operativas, renovación de mandos, interoperabilidad tecnológica y control efectivo de la cadena de decisiones. Sin estos gestos concretos, la promesa de transformación corre el riesgo de quedar atrapada en la narrativa y no en la gestión.
Sin embargo, el problema no se limita a la Aduana. En el circuito también intervienen otras instancias del Estado: fuerzas de seguridad, operadores aeroportuarios, fiscalización administrativa y, nuevamente, el sistema judicial. A pesar de los compromisos públicos del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de avanzar hacia una justicia más transparente y predecible, los casos sensibles siguen exhibiendo tensiones entre discurso y práctica, alimentando la percepción de discrecionalidad y fragilidad institucional.
Analistas consultados por este medio advierten que la aplicación de la norma no siempre es igual para todos. Depende de interpretaciones, subjetivaciones jurídicas y, en algunos casos, de intereses externos al propio proceso, relegando la reconstrucción objetiva y la verdad histórica de los hechos. En ese escenario, el caso de las “narco-maletas” no solo interpela a una institución, sino al modelo de gobernanza del control estatal: o se avanza hacia reglas claras, controles cruzados y rendición de cuentas, o el país seguirá administrando crisis cíclicas que erosionan la confianza pública y la credibilidad internacional.
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Redacción central La Paz
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