Mié. Nov 18th, 2026

TSE cancela la personería de UCS y cierra toda vía de postulación para sus candidatos

Una decisión administrativa con efectos políticos inmediatos. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ejecutó la cancelación de la personalidad jurídica de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y dejó automáticamente inhabilitados a todos sus candidatos, quienes además no podrán reinscribirse por ningún otro frente. El fallo, respaldado por el Tribunal Constitucional, introduce un nuevo factor de presión en la recta final hacia las elecciones subnacionales y reabre el debate sobre reglas electorales, tiempos institucionales y estabilidad democrática.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispuso la cancelación de la personalidad jurídica de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y la inhabilitación de todos sus candidatos para las elecciones subnacionales, tras confirmarse que la sigla no alcanzó el mínimo del 3% de votación exigido por la Ley de Organizaciones Políticas en los últimos comicios nacionales. El presidente del ente electoral, Gustavo Aliaga, precisó que la medida es de cumplimiento obligatorio y que los postulantes afectados no pueden volver a inscribirse por ningún otro frente político, cerrando cualquier posibilidad de sustitución o migración de candidaturas.

La decisión se da luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazara los recursos legales presentados por UCS para frenar la pérdida de su personería jurídica. Con ese fallo, el TSE activó automáticamente el procedimiento administrativo que deja a la organización fuera del proceso electoral subnacional, en un momento clave del calendario, cuando las alianzas y listas ya estaban prácticamente definidas. Desde el órgano electoral se insiste en que no se trata de una sanción política, sino de la aplicación estricta de la normativa vigente.

Frente a este escenario, el jefe nacional de UCS y alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, cuestionó duramente la decisión y afirmó que se trata de un “juego sucio”, al considerar que se está alterando el escenario electoral cuando el proceso ya está en marcha. Fernández sostuvo que no es saludable para la democracia que se modifiquen las reglas en plena competencia y recordó que su organización intentó activar un “plan B” para preservar la participación política de su frente, aunque reconoció que los fallos judiciales terminaron cerrando esa vía.

El caso abre un nuevo debate sobre la seguridad jurídica en los procesos electorales, el alcance de las sanciones a las organizaciones políticas y el impacto directo en cientos de candidatos que quedan fuera de carrera sin posibilidad de reubicación. Mientras el TSE ratifica que la ley no deja margen de interpretación, el episodio también reconfigura el mapa político local y obliga a los votantes a replantear sus opciones para las subnacionales.

Redacción central La Paz

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