YPFB sostiene que el problema no fue generalizado y que sus controles internos continúan en proceso de verificación. Sin embargo, el propio presidente de la estatal, Yussef Akly, reconoció públicamente que existen factores aún no esclarecidos dentro de la cadena de distribución. “No descartamos que exista también otro tipo de situaciones, una mano negra que pueda haber afectado también el comportamiento en alguna etapa de distribución de estos combustibles”, declaró, dejando en evidencia que los controles previos no lograron blindar el producto.
Una certificación de calidad solo tiene valor si asegura que el combustible cumple los estándares técnicos hasta llegar al consumidor final. Cuando un producto certificado presenta alteraciones que afectan el rendimiento de vehículos y generan reclamos ciudadanos, la certificación pierde su función esencial como garantía y se convierte en un trámite administrativo sin impacto real en la calidad del combustible vendido.
El propio Akly intentó reforzar la confianza anunciando ajustes internos. “Damos la certeza de que con todas estas nuevas incorporaciones de personal técnico especializado vamos a reforzar los controles”, afirmó. No obstante, el refuerzo posterior confirma que los mecanismos existentes no fueron suficientes, lo que refuerza la percepción de que la certificación emitida por YPFB no evitó la falla, sino que convivió con ella.
En este escenario, la certificación de calidad corre el riesgo de operar más como un elemento de marketing institucional que como una herramienta efectiva de control técnico. Si el combustible certificado llega en malas condiciones al surtidor y no es detectado oportunamente por el sistema de fiscalización, la cadena completa de control queda debilitada y la confianza del consumidor se erosiona.
Redacción central La Paz
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