La Sala Plena del TSJ recibió 656 causas entre nuevos ingresos y remanentes, resolviendo 405, lo que representa un 61,7%. En total emitió 586 resoluciones, entre sentencias, autos supremos y decretos. En términos administrativos, el dato muestra cumplimiento parcial de metas, aunque aún con carga pendiente significativa.
La Sala Civil exhibe el indicador más alto: 616 causas resueltas de 648 recibidas, alcanzando un 95% de resolución y la emisión de 1.040 resoluciones. Este porcentaje refleja eficiencia en despacho; sin embargo, la evaluación cualitativa de la justicia no se limita a la cantidad, sino también a la consistencia y fundamentación jurídica de los fallos.
En materia penal, la situación es más compleja. La Sala Penal recibió 4.151 causas, de las cuales el 40% correspondía a remanentes de 2024. De ese total, 2.096 fueron resueltas (50%). Si bien la carga procesal y la naturaleza sensible de los casos explican el ritmo, el porcentaje evidencia que la retardación continúa siendo un desafío estructural.
Las Salas Social Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera y Segunda atendieron 1.797 y 2.015 causas respectivamente, con porcentajes de resolución de 52,8% y 48,5%. Estos datos muestran estabilidad operativa, pero también un margen amplio de causas en trámite que impactan en litigios laborales, administrativos y en la relación Estado-ciudadano.
A nivel nacional, el movimiento total fue de 271.696 causas en los nueve distritos judiciales y el TSJ, según el reporte centralizado de la Unidad de Servicios Judiciales. Este informe corresponde al primer año del nuevo periodo de seis años de gestión iniciado el 2 de enero de 2025, tras las elecciones judiciales de 2024.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, afirmó que se logró “levantar la imagen” de un Órgano Judicial venido a menos. No obstante, desde un análisis institucional, la imagen no se reconstruye únicamente con estadísticas de despacho, sino con señales claras de independencia, transparencia en casos de alto impacto y reducción sostenida de la retardación.
La legitimidad judicial se consolida cuando la ciudadanía percibe imparcialidad, coherencia jurisprudencial y seguridad jurídica. En ese contexto, 2025 puede representar un punto de partida administrativo, pero la verdadera transformación dependerá de decisiones estructurales que fortalezcan la confianza pública más allá de los porcentajes.
Por Equipo de redacción
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