Un avión de la Fuerza Aérea Boliviana sufrió un accidente en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, dejando personas heridas y generando alarma pública debido a que la aeronave transportaba billetes nuevos. Tras el siniestro, el Banco Central de Bolivia aclaró que el dinero dispersado en la zona carece de valor legal y advirtió sobre eventuales responsabilidades penales.
La inasistencia del ministro Medinaceli a la interpelación en la Asamblea Legislativa desató una controversia jurídica y política. Mientras la vocera presidencial Carla Faval sostuvo que el Legislativo debía solicitar previamente Peticiones de Informe Escrito (PIE) antes de activar el mecanismo fiscalizador, el jurista Franz Barrios afirmó que ni la Constitución ni el Reglamento General de Diputados exigen ese requisito para interpelar a un ministro de Estado.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó su Rendición Pública de Cuentas Final 2025, reportando 6.788 causas atendidas en sus salas especializadas y destacando avances en eficiencia. Sin embargo, más allá de los porcentajes de resolución, surge una pregunta de fondo: ¿los números son suficientes para afirmar que se ha mejorado la imagen del Órgano Judicial?
La contaminación de combustible distribuido en el país dejó de ser un rumor para convertirse en un hecho reconocido oficialmente. Informes técnicos, reclamos de transportistas y admisiones públicas configuran un escenario que trasciende la coyuntura política: se trata de un posible daño colectivo que exige respuestas institucionales. En ese contexto, surge una pregunta jurídica inevitable: ¿debe el Ministerio Público esperar una denuncia formal o actuar de oficio ante indicios suficientes?
