La orden fue emitida por la Fiscalía General del Estado dentro del proceso vinculado al caso del Fondo Indígena, luego de que la exautoridad no se presentara a declarar en las citaciones correspondientes. Como medida preventiva, también se activó una alerta migratoria para evitar su salida del país.
Sin embargo, la ejecución del mandamiento depende de la Policía Boliviana, institución encargada de materializar la aprehensión. Hasta el momento no existe reporte oficial de captura ni confirmación de que la exministra haya abandonado el territorio nacional.
Este escenario genera dudas institucionales. Cuando una orden de aprehensión no se ejecuta con celeridad, se instala la percepción de debilidad del sistema judicial o de falta de coordinación entre Fiscalía y Policía. En casos de alto perfil, el tiempo es un factor determinante: o fortalece la credibilidad del proceso o alimenta sospechas.
La pregunta de fondo ya no es solo dónde está Achacollo, sino si el Estado tiene la capacidad —o la voluntad— de hacer cumplir sus propias determinaciones. Cada día sin resultados incrementa la presión pública y política.
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Por: Equipo de redacción
