Según un portavoz de Trafigura consultado por Reuters, la empresa fue categórica: sus contratos con YPFB no han sido suspendidos, no están vinculados al suministro de gasolina y no han recibido reclamos sobre la calidad de sus productos. La declaración, aunque institucional y sin vocero identificado, fija una posición clara de la compañía frente al anuncio del Ejecutivo.
El punto no es menor. Si la investigación del Gobierno gira en torno a gasolina adulterada, la afirmación de Trafigura introduce una duda clave sobre el alcance de la medida. La empresa, uno de los principales traders globales de energía, marca así distancia directa del producto que está bajo sospecha.
Desde el otro lado, el ministro Mauricio Medinaceli sostuvo que se determinó una suspensión temporal de contratos con Trafigura y Vitol, mientras avanzan las investigaciones por un presunto esquema de contrabando de combustibles desde Chile. De acuerdo con datos oficiales, el caso involucraría miles de cisternas y movimientos por alrededor de 150 millones de dólares, aunque aún se encuentra en fase preliminar.
Más allá del cruce de versiones, la decisión abre un frente jurídico sensible. En contratos internacionales administrados por YPFB, una suspensión unilateral —incluso temporal— debe estar respaldada por causales claras y evidencia verificable. Si ese sustento no se consolida, el Estado puede quedar expuesto a reclamos por incumplimiento, indemnizaciones por daños y arbitrajes internacionales.
En ese escenario, la firme negativa de Trafigura eleva la tensión. Si la empresa logra sostener que no tiene relación con el producto investigado, la medida del Gobierno podría debilitarse jurídicamente. El desenlace dependerá de las pruebas, pero el conflicto ya genera efectos inmediatos: incertidumbre en el abastecimiento, presión sobre YPFB y riesgo de una disputa legal con actores globales.
Por Equipo de redacción
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