El anuncio de reformular el Presupuesto General del Estado (PGE) con un ajuste de hasta 30% abre un nuevo frente en el debate económico: no solo cuánto se recorta, sino en qué rubros y con qué criterios. La señal del ministro de Economía —comparar la transparencia del gasto con la visibilidad del IVA— pone sobre la mesa una exigencia clave: que el ajuste sea claro, identificable y creíble para la ciudadanía.
El conflicto por los combustibles escala y abre un frente de riesgo para el Estado. Mientras el Gobierno anunció la suspensión temporal de contratos con proveedores internacionales por un presunto caso de gasolina adulterada, Trafigura desmintió la medida y aseguró que sus acuerdos con YPFB siguen vigentes. El choque no solo es político: puede derivar en consecuencias legales millonarias.
Un ciudadano boliviano encendió el debate en redes al contar que en Perú obtuvo dos créditos y una tarjeta preaprobada en cuestión de minutos, pese a ser extranjero y no tener ingresos fijos. El contraste con Bolivia —donde asegura haber enfrentado meses de trámites para una línea de Bs 35.000— se volvió viral y puso sobre la mesa las diferencias entre ambos sistemas financieros.
