La carta, fechada el 31 de marzo de 2026 y posteriormente transcrita para su difusión en redes sociales, no es un pronunciamiento más. Es, en esencia, un documento político-jurídico con el que Arce busca reconfigurar el relato de su situación: de imputado a víctima.
En el texto, el exmandatario sostiene que su aprehensión —ocurrida el 10 de diciembre de 2025— se realizó sin orden legal, lo que, a su criterio, constituye una violación directa al debido proceso. No se queda ahí: afirma que nunca fue notificado ni citado previamente, pese a haber manifestado su disposición a presentarse ante la justicia.
El argumento central gira en torno a la vulneración de garantías constitucionales. Arce enumera derechos que —según su versión— han sido desconocidos: la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y la imparcialidad. Con ello, intenta construir no solo una defensa individual, sino una denuncia de alcance institucional sobre el estado del sistema judicial.
El señalamiento político es explícito. El exmandatario apunta al gobierno de Rodrigo Paz, al que responsabiliza por el proceso en su contra y por el rechazo sistemático —según afirma— de todas las solicitudes presentadas por su defensa, incluyendo exámenes médicos requeridos por un cardiólogo.
Es en el terreno personal donde la carta busca mayor impacto. Arce denuncia que su salud está en riesgo y acusa la existencia de actos que califica como “tortura psicológica”. Describe que, durante sus primeras noches en reclusión, fue alojado en condiciones precarias y sometido a interrupciones constantes durante la madrugada para tomarle fotografías.
El lenguaje utilizado no es casual. Al hablar de “secuestro” y “tortura”, Arce eleva deliberadamente el conflicto a estándares internacionales de derechos humanos, buscando interpelar a organismos y a la comunidad internacional, a quienes dirige explícitamente su mensaje.
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Por Equipo de redacción
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