En el país, las ONGs operan bajo un régimen especial que reconoce su carácter social. Sus ingresos por donaciones o contribuciones no están alcanzados por el IVA, lo que implica que no generan débito fiscal. Sin embargo, esta condición también les impide compensar el impuesto pagado en la compra de bienes y servicios.
En consecuencia, el IVA que pagan en sus adquisiciones se convierte en un impuesto no recuperable, es decir, un costo adicional que debe ser asumido por la organización.
Desde el punto de vista contable, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 2 y NIC 16) establecen que estos impuestos indirectos no recuperables deben incorporarse al costo de los activos o reconocerse como gasto del periodo. No se trata de un crédito fiscal, sino de un componente que incrementa el costo real de las operaciones.
En el plano tributario, la Ley 843 y su reglamentación determinan que solo generan crédito fiscal aquellas compras vinculadas a actividades gravadas. Cuando las ONG realizan actividades no alcanzadas por el IVA, el impuesto pagado pierde su posibilidad de recuperación.
El escenario se complejiza en aquellas organizaciones que combinan actividades gravadas y no gravadas. En estos casos, el tratamiento del IVA exige una diferenciación precisa según el destino de cada gasto, lo que añade una carga administrativa adicional.
A pesar de ello, la normativa reconoce que el IVA no recuperable puede ser considerado como gasto deducible para efectos del IUE, lo que permite una compensación parcial, aunque no elimina el impacto financiero inmediato.
De este modo en los hechos, la neutralidad del IVA no se cumple plenamente en el caso de las ONG. El impuesto no recuperable se traduce en un costo que limita su capacidad operativa y reduce el alcance de sus proyectos.
Más que un beneficio, el régimen actual plantea un desafío estructural: organizaciones que no persiguen lucro terminan absorbiendo cargas fiscales indirectas que afectan su eficiencia. El debate, por tanto, no es solo técnico, sino también de política fiscal y de apoyo efectivo al sector social.
Por Equipo de redacción con información del autor
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