El compromiso de mantener congelados los precios de los combustibles responde a una necesidad política inmediata. Sin embargo, en un contexto donde Bolivia depende cada vez más de la importación de diésel y gasolina, sostener la subvención implica una creciente presión sobre las finanzas públicas.
El mensaje es claro: evitar un impacto social inmediato. Pero el costo es postergar una discusión inevitable sobre la sostenibilidad del modelo energético.
Desde el Gobierno, encabezado por Rodrigo Paz Pereira, se asegura que el suministro de combustibles será normalizado con la llegada de cisternas y ajustes logísticos. No obstante, esta promesa depende de variables que van más allá de YPFB: disponibilidad de divisas, pagos a proveedores internacionales y condiciones de importación.
En ese escenario, la capacidad de garantizar abastecimiento total no es únicamente una decisión administrativa, sino un desafío macroeconómico.
El anuncio de una transformación profunda en YPFB es el elemento más ambicioso… y el menos desarrollado. Un cambio real implicaría redefinir el rol de la estatal, ajustar el esquema de subsidios, atraer inversión y replantear la política hidrocarburífera en su conjunto.
Nada de esto aparece aún con claridad. Sin medidas concretas, el riesgo es que el concepto de “cambio estructural” quede reducido a una declaración política sin impacto real.
La designación de Daroca responde a un perfil técnico con experiencia en gestión y planificación. Sin embargo, la historia reciente de YPFB muestra que el conocimiento técnico no basta sin respaldo político y decisiones de fondo.
El problema no es solo de gestión, sino de modelo.
Por Equipo de redacción
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