El conflicto en torno a la denominada Ley 1720 no surge únicamente por su contenido, sino por su origen. La norma, que habilita la conversión voluntaria de pequeñas propiedades en medianas con fines de acceso a crédito y transacciones, fue promulgada sin un proceso amplio de socialización con sectores indígenas y campesinos.
Esta omisión activó cuestionamientos inmediatos. Organizaciones como la CIDOB advirtieron riesgos concretos: desde el endeudamiento de pequeños productores hasta la posible pérdida de tierras, en un contexto donde la propiedad agraria no solo tiene un valor económico, sino también territorial, cultural y comunitario.
En Bolivia, este tipo de medidas está atravesado por estándares de consulta y participación, respaldados incluso por instrumentos como el Convenio 169 de la OIT. Por ello, el reclamo no se limitó al contenido de la ley, sino al procedimiento: la falta de inclusión en su construcción.
Frente a la presión social, el Gobierno anunció un acuerdo con la CIDOB que incorpora un nuevo artículo orientado a salvaguardar los derechos de los sectores involucrados. Sin embargo, esta salida implica un giro institucional relevante: la norma deberá ser nuevamente remitida a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y aprobación.
Este paso confirma que el Ejecutivo no logró consolidar legitimidad en la fase inicial y ahora busca reconstruirla a través del diálogo y la vía legislativa. En los hechos, se pasa de una promulgación sin consenso a una renegociación política del contenido normativo.
El escenario abre interrogantes clave: ¿las modificaciones garantizarán realmente la protección de la pequeña propiedad? ¿o simplemente ajustarán una política orientada a dinamizar el mercado de tierras? La respuesta dependerá del debate legislativo y del peso que logren tener los sectores sociales en esta nueva etapa.
Por Equipo de redacción
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