El presidente boliviano Rodrigo Paz lanzó un duro dardo contra Evo Morales, responsabilizándolo por la crisis estructural de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y cuestionando su “autoridad moral” para opinar sobre el futuro energético del país. El pronunciamiento se suma a la creciente tensión política en torno al modelo hidrocarburífero y la escasez de combustibles.
La propuesta de Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, de “refundar” Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos vuelve al centro del debate en medio del desabastecimiento de combustibles. Pero en la calle hay una idea más clara que el discurso político: esto no es como cerrar una tienda de barrio y abrir otra al día siguiente. Detrás de la estatal petrolera hay contratos, importaciones, subsidios y logística que no pueden detenerse sin consecuencias.
La crisis por la calidad de los combustibles en Bolivia suma un nuevo elemento de presión política. El diputado Carlos Alarcón denunció que la denominada “gasolina basura” tendría su origen en contratos de YPFB con la firma internacional Vitol, además de fallas en almacenamiento y mezcla del producto. La revelación se produce tras una reunión sostenida con la entonces presidenta de la estatal, un día antes de su renuncia.
La Paz amanece paralizada por bloqueos, marchas y protestas simultáneas en distintos puntos de la ciudad y sus accesos, en una jornada marcada por la escasez de diésel que golpea al transporte y la economía. Pero más allá del conflicto inmediato, el trasfondo es más profundo: “los problemas de abastecimiento son solo una expresión del desorden estructural”, advirtió el empresario y político Samuel Doria Medina, al alertar que la falta de soluciones de fondo está poniendo en riesgo la estabilidad lograda.
El discurso de modernización del Estado en Bolivia choca con una realidad cotidiana: trámites largos, requisitos duplicados y ciudadanos obligados a peregrinar entre oficinas. Casos como el acceso a vivienda social de la Agencia Estatal de Vivienda y la afiliación a la Caja Nacional de Salud evidencian que el verdadero problema no son los requisitos, sino la falta de interoperabilidad entre instituciones públicas.
