El planteamiento de Cochamanidis apunta a un cambio estructural en YPFB, incluyendo el fin del monopolio estatal y la apertura a la inversión privada para importar y comercializar combustibles. Su propuesta recoge un malestar creciente: filas en surtidores, incertidumbre y una sensación de que las soluciones no llegan.
Sin embargo, la magnitud del problema exige ir más allá del impacto político del anuncio. Bolivia depende en gran medida de la importación de combustibles, en un contexto donde la subvención estatal mantiene precios artificialmente bajos. Este modelo, aunque protege el bolsillo de la población en el corto plazo, genera distorsiones: incentiva el contrabando y limita la participación privada, que no encuentra condiciones sostenibles para operar.
En ese escenario, hablar de “refundación” implica mucho más que un rediseño institucional. Significa redefinir reglas de mercado, asegurar financiamiento para importaciones, garantizar divisas y evitar que cualquier transición afecte el abastecimiento diario. No es un proceso inmediato ni libre de riesgos.
La apertura a privados, como sugiere Cochamanidis, podría aliviar la presión sobre el Estado y mejorar la oferta, pero solo si se acompaña de cambios estructurales en el sistema de precios. De lo contrario, el problema se traslada sin resolverse.
Además, una reforma de este tipo requeriría consenso político en la Asamblea Legislativa, algo que hoy parece lejano en un contexto de polarización y falta de acuerdos. La crítica cívica apunta justamente a esa parálisis: meses sin cambios visibles en un tema crítico para la economía.
La analogía es contundente: no se puede “cerrar” YPFB para reabrir otra versión sin afectar a millones de bolivianos. La transición debe ser planificada, gradual y técnicamente sólida, o el remedio podría agravar la enfermedad.
Por Equipo de redacción
