El TSE entrega credenciales y cierra el ciclo electoral, pero abre otro más exigente: autoridades asumen en plena crisis, con presión por resultados y una ciudadanía que ya no espera discursos, sino hechos.
La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) encendió la polémica tras revelar gastos considerados excesivos en su Casa Ejecutiva en Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra. Su presidente, Sebastián Daroca, no se guardó nada y calificó como “indignante” el nivel de lujo encontrado, en un contexto donde la empresa enfrenta desafíos clave en combustibles y seguridad energética.
El Gobierno presentó un ajuste de Bs 4.100 millones en el gasto del nivel central dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado, con el objetivo de mostrar austeridad y contener el déficit fiscal. La medida se complementa con transferencias y mayor flexibilidad para gobernaciones y alcaldías, aunque sin avanzar en un cambio estructural en la distribución de recursos. El debate de fondo —un posible esquema 50/50 entre el nivel central y las regiones— quedó fuera de la agenda inmediata y será, por ahora, un tema pendiente en el tratamiento legislativo.
En la antesala de posibles medidas de presión, la Central Obrera Boliviana sostiene su demanda de un incremento salarial del 20% apoyándose en tres ejes generales de financiamiento: mayor recaudación tributaria, reducción del gasto público considerado innecesario y mejor rendimiento de empresas estatales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Sin embargo, el Gobierno de Bolivia ha evitado fijar un porcentaje y exige una explicación concreta sobre la sostenibilidad del planteamiento.
