El documento fue elaborado junto a organizaciones sindicales, campesinas, indígenas originarias, vecinales, fabriles, mineras, gremiales y del transporte, que demandan una respuesta inmediata del Gobierno para encauzar la crisis económica y social que atraviesa el país.
Entre los principales puntos se encuentra el rechazo a la criminalización de la protesta, la suspensión de proyectos de ley considerados “antibloqueos”, la liberación de personas detenidas durante los conflictos y garantías para evitar procesos judiciales contra dirigentes y movilizados.
La COB incluso solicita la participación del Fiscal General del Estado como garante de la no persecución penal.
La organización también exige el cumplimiento de promesas electorales, la aprobación de una ley de cumplimiento programático y control social, la transparencia de cualquier negociación con organismos internacionales y la preservación de empresas y recursos estratégicos frente a eventuales procesos de privatización.
En materia económica, demanda medidas para proteger la canasta familiar, garantizar el empleo estable, crear mecanismos que fortalezcan las jubilaciones y atender los distintos pliegos sectoriales pendientes. Asimismo, plantea una distribución más equitativa de recursos entre el nivel central, gobernaciones y municipios.
El documento incorpora además pedidos de investigación sobre los casos conocidos públicamente como “narcomaderas” y “narcomaletas”, además de una auditoría técnica independiente sobre la calidad de los combustibles y compensaciones para los afectados por carburantes defectuosos.
Más allá del contenido específico de las demandas, analistas observan un cambio significativo en la estrategia sindical.
Mientras semanas atrás algunos sectores impulsaban discursos orientados a cuestionar la continuidad del Gobierno, el nuevo planteamiento reconoce a Paz como interlocutor político y concentra la presión en la obtención de compromisos concretos.
La señal más evidente es que el pliego no contiene una exigencia de renuncia presidencial ni propuestas de acortamiento de mandato. En cambio, plantea una agenda de negociación condicionada, donde la pacificación del país estaría vinculada al cumplimiento de demandas políticas, económicas y sociales formuladas por las organizaciones movilizadas.
La respuesta del Ejecutivo será determinante para establecer si el documento se convierte en la base de un proceso de diálogo o en un nuevo capítulo de confrontación entre el Gobierno y los sectores sociales, aunque no el vocero dijo que se hablará de todo.
Por Equipo de redacción
About Author
