Los legisladores de Libre sostienen que La Paz fue una de las regiones más golpeadas por los bloqueos, que provocaron problemas de abastecimiento, dificultades para el transporte y pérdidas económicas en distintos sectores productivos y comerciales.
Con ese argumento, la bancada planteó la condonación de impuestos, facilidades para deudores y la posibilidad de redireccionar recursos originalmente previstos para obras en el Chapare hacia programas de compensación para los paceños.
No obstante, especialistas en gestión pública observan que varias de estas propuestas requieren un análisis normativo más profundo. Los impuestos nacionales dependen del nivel central del Estado, mientras que tributos como los relacionados con inmuebles y vehículos son competencia de los gobiernos municipales, lo que limita la capacidad de una ley nacional para disponer condonaciones de manera directa.
Una situación similar ocurre con la coparticipación tributaria y los créditos externos. Ambos mecanismos están sujetos a normas específicas sobre distribución de recursos y ejecución de proyectos, por lo que cualquier modificación demandaría procedimientos legales adicionales y consensos políticos más amplios.
En ese contexto, el debate de fondo deja de ser únicamente económico y se traslada al terreno jurídico. La discusión no gira en torno a si La Paz merece una compensación por los daños sufridos durante los bloqueos, sino sobre qué mecanismos pueden aplicarse respetando la legislación vigente y las competencias de cada nivel de gobierno.
La propuesta de Libre también introduce un componente político al plantear que parte de los recursos destinados al Trópico de Cochabamba puedan ser utilizados para resarcir a La Paz y El Alto. La iniciativa busca instalar la idea de que las regiones más afectadas por los bloqueos deben recibir una atención prioritaria del Estado, aunque todavía queda por resolver si las medidas planteadas pueden concretarse dentro del marco legal boliviano.
Por Equipo de redacción
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