En un mensaje difundido desde el recinto penitenciario donde cumple detención preventiva, Zúñiga afirmó que «muchos pronunciaron mi nombre» y que «ninguno dijo la verdad», dejando entrever que mantiene una versión distinta a la sostenida por el Gobierno sobre los acontecimientos que derivaron en su captura y en el procesamiento de decenas de militares.
El excomandante del Ejército también expresó su respaldo a los soldados involucrados en el caso, destacando que varios de ellos continúan privados de libertad dos años después de los hechos. «Podrán encarcelar nuestros cuerpos, pero jamás encarcelarán el honor de un soldado», escribió.
Más allá del contenido político de la carta, el paso del tiempo vuelve a colocar el foco sobre el avance del proceso judicial. La ausencia de una resolución definitiva ha permitido que persistan interpretaciones contrapuestas sobre lo sucedido en Plaza Murillo, mientras la ciudadanía continúa esperando una verdad judicial que establezca responsabilidades y despeje las dudas que aún rodean al caso.
Para analistas y observadores, la demora termina afectando tanto a los acusados como a las instituciones. Mientras no exista una sentencia, el debate seguirá librándose en el terreno político, donde cada sector sostiene su propia versión de uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de Bolivia.
A dos años del 26J, la principal deuda sigue siendo la misma: una decisión judicial capaz de determinar qué ocurrió realmente aquel día y quiénes deben responder por esos hechos.
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