La decisión fue confirmada por el abogado defensor de Zúñiga, Eduardo León, quien informó que un juez dispuso sustituir la detención preventiva por detención domiciliaria dentro del proceso penal que se sigue contra el exgeneral.
Zúñiga permanecía privado de libertad desde junio de 2024, cuando fue aprehendido tras el despliegue militar en plaza Murillo, un hecho que el Gobierno calificó como un intento de golpe de Estado y que derivó en la apertura de un proceso por presuntos delitos, entre ellos terrorismo y alzamiento armado.
Durante los últimos meses, la defensa presentó en reiteradas oportunidades solicitudes para modificar la medida cautelar, argumentando que ya no existían los riesgos procesales que justificaban la permanencia del exjefe militar en la cárcel. Con la nueva resolución judicial, el acusado continuará sometido al proceso, aunque desde su domicilio y bajo las condiciones que establezca el juez.
La detención domiciliaria no implica el cierre del caso ni una absolución. El proceso penal continúa y Zúñiga deberá enfrentar el juicio por la denominada asonada militar, junto con otros militares y civiles investigados por los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024.
La decisión judicial reabre el debate sobre uno de los casos políticos y judiciales más relevantes de los últimos años en Bolivia, mientras el proceso ingresa a una nueva etapa con el principal acusado fuera del penal, pero aún bajo control de la justicia.
Por Equipo de redacción
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