Sáb. Ago 15th, 2026

Día: 29 de julio de 2026

La orden de aprehensión contra Evo Morales abre un proceso por terrorismo y alzamiento armado

La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Evo Morales dentro de una investigación por terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos. La decisión, originada en una denuncia del Comité pro Santa Cruz por los días de bloqueos, fue celebrada por los dirigentes cívicos, mientras el exmandatario denunció una persecución política para desviar la atención de la crisis económica.

Acuerdo con el FMI: el verdadero desafío para Bolivia comienza con la reducción del déficit fiscal y la ampliación de la base tributaria

El acuerdo técnico alcanzado entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un financiamiento de aproximadamente US$ 1.900 millones marca un punto de inflexión para la economía nacional. Sin embargo, el anuncio es apenas el primer paso. Una vez que el Directorio del organismo apruebe el programa, el Gobierno deberá demostrar con resultados que puede reducir el déficit fiscal, ampliar la base tributaria sin asfixiar a los contribuyentes formales y optimizar el desempeño de las empresas públicas.

Mamén Saavedra abre regularización de impuestos a inmuebles tras detectar presunta manipulación en recaudaciones

Un alcalde que denuncia un posible fraude, abre las puertas para recuperar el dinero público y, al mismo tiempo, ordena investigar a los responsables. Esa es la ruta que tomó Mamén Saavedra al anunciar un periodo extraordinario de regularización para propietarios de bienes inmuebles que pagaron menos de lo que correspondía debido a una presunta manipulación del sistema de recaudaciones municipales, en una decisión que busca recuperar recursos para la ciudad sin renunciar a la transparencia ni a las acciones legales.

¿Era responsabilidad del ministro? El caso Medinaceli pone a prueba el alcance de las competencias en Hidrocarburos

La aprehensión del exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, no solo ha sacudido el caso de la denominada «gasolina basura»; también ha colocado en el centro del debate una pregunta que podría definir el rumbo de la investigación: ¿hasta dónde llega la responsabilidad penal de un ministro cuando la ejecución de las decisiones recae en una empresa estatal con Directorio, Presidente Ejecutivo y gerencias con competencias propias? La respuesta no solo marcará el futuro judicial de la exautoridad, sino que también podría sentar un precedente sobre el alcance de la responsabilidad de quienes conducen la administración pública.

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