La medida fue anunciada después de que una auditoría interna identificara miles de registros con aparentes irregularidades en el cobro del impuesto a bienes inmuebles. Según el alcalde, existen casos en los que contribuyentes que debían cancelar hasta Bs 3.000 terminaron pagando apenas Bs 100, lo que hace presumir una alteración de la información utilizada para calcular el tributo.
Aunque el cobro de estos impuestos se procesa mediante la plataforma del RUAT, la información que alimenta el sistema es administrada por los gobiernos municipales. Por ello, la investigación deberá establecer en qué etapa se produjo la presunta manipulación y quiénes tuvieron acceso para modificar los registros.
Saavedra explicó que el periodo de regularización permitirá a los propietarios cancelar la diferencia del impuesto y ponerse al día con sus obligaciones tributarias, mientras la Alcaldía continúa con la auditoría técnica y las investigaciones para identificar a los responsables de las presuntas irregularidades.
La decisión marca un giro en la administración municipal: prioriza la recuperación de recursos públicos para destinarlos a obras y servicios, sin dejar de impulsar una investigación que permita esclarecer cómo se redujeron artificialmente las obligaciones tributarias y quiénes participaron en ese mecanismo.
Por Equipo de redacción
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