El entendimiento alcanzado bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF) abre la puerta a un programa de estabilización económica de tres años, pero también implica compromisos que serán evaluados de forma periódica. El organismo busca que Bolivia recupere la sostenibilidad de sus finanzas públicas, fortalezca sus reservas internacionales y avance en reformas estructurales que permitan devolver estabilidad a la economía.
En el ámbito tributario, uno de los principales desafíos será incrementar la recaudación sin trasladar una mayor carga a quienes ya cumplen con sus obligaciones fiscales. El reto pasa por ampliar la base tributaria, incorporar actividades que hoy operan en la informalidad y mejorar la eficiencia de la administración tributaria para reducir la evasión.
Otro eje será la reducción gradual del déficit fiscal. Para ello, el Gobierno deberá combinar una mayor disciplina en el gasto público, revisar erogaciones que presionan las cuentas fiscales y generar ingresos sostenibles sin afectar la recuperación económica.
A ello se suma la necesidad de optimizar la gestión de las empresas públicas. Mejorar su eficiencia, transparencia y sostenibilidad financiera será determinante para disminuir la presión que algunas ejercen sobre el Tesoro General del Estado y fortalecer la confianza de los organismos internacionales y de los mercados.
Con la formalización del acuerdo, el debate dejará de centrarse en el anuncio del financiamiento y pasará a medir la capacidad del Gobierno para cumplir las metas comprometidas. La ejecución de esas reformas será el verdadero examen del programa económico.
Por Equipo de redacción
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