El Comité pro Santa Cruz informó que la orden de aprehensión fue emitida dentro del proceso iniciado a partir de la denuncia presentada por esa institución. Los dirigentes cívicos saludaron la decisión del Ministerio Público y exigieron que la medida sea ejecutada, al sostener que los bloqueos provocaron pérdidas millonarias, afectaron al aparato productivo, restringieron el paso de alimentos y oxígeno y ocasionaron la muerte de varias personas.
La relevancia del caso radica en la naturaleza de los delitos investigados. La tipificación preliminar de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado representa una de las calificaciones más severas previstas en la legislación penal boliviana, lo que anticipa un proceso de alta complejidad jurídica y fuerte impacto político. No obstante, la investigación deberá ser respaldada con pruebas durante el desarrollo del proceso y la responsabilidad penal solo podrá establecerse mediante una decisión judicial.
En respuesta, Evo Morales confirmó la existencia de la orden de aprehensión y rechazó las acusaciones. Afirmó que el Gobierno pretende responsabilizarlo por las movilizaciones sociales para ocultar la crisis económica y social que atraviesa el país. Además, calificó el proceso como una persecución política y aseguró que continuará acompañando las demandas de la población.
Con esta decisión, el caso trasciende el ámbito político y entra en una nueva etapa judicial, donde la Fiscalía deberá demostrar los elementos que sustentan las acusaciones, mientras la defensa buscará desvirtuar la calificación penal y las pruebas presentadas.
Por Equipo de redacción
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