La discusión sobre el Alto Comisionado debería comenzar por una cuestión elemental: qué hará esta nueva figura que no puedan hacer las instituciones que ya existen. Si su función será coordinar, supervisar o proponer políticas anticorrupción, habrá que explicar cómo evitará duplicar competencias y ampliar una burocracia que, por sí sola, no garantiza mejores resultados.
Pero existe una discusión todavía más profunda: la independencia institucional.
Una Contraloría fuerte necesita controlar al Estado sin que su autoridad quede políticamente condicionada por quienes ejercen el poder. Lo mismo ocurre con las instituciones encargadas de investigar, acusar y administrar justicia. Por eso, institucionalizar el Estado no significa únicamente crear nuevas oficinas: también significa construir mecanismos que reduzcan la discrecionalidad política en la designación de autoridades llamadas a controlar al propio poder.
En ese sentido, una reforma de fondo debería discutir procesos de selección públicos, transparentes y basados en méritos, además de fortalecer los mecanismos constitucionales de elección y control de autoridades. La Asamblea Legislativa, por ejemplo, tiene un papel que puede ser decisivo allí donde la Constitución le atribuye competencias: el control político no debería convertirse en subordinación política, sino en una garantía institucional.
El planteamiento de Rodríguez Veltzé también coloca otra palabra sobre la mesa: coordinación. Asamblea, Contraloría, Procuraduría, Ministerio Público, Justicia y sociedad civil no deberían funcionar como compartimentos aislados. Pero coordinar no significa crear necesariamente una nueva estructura por encima de ellas.
La lucha contra la corrupción requiere algo más difícil que un nuevo cargo: instituciones que puedan controlar al poder, investigar sin presiones, sancionar cuando corresponda y rendir cuentas a la ciudadanía.
Por eso, el verdadero examen para el gobierno de Paz no sería solamente si crea o no un Alto Comisionado. Será si consigue que el Estado deje de depender de la voluntad política de turno para hacer funcionar sus mecanismos de control.
Bolivia quizá no necesita otro vigilante. Necesita que quienes ya tienen la obligación de vigilar puedan hacerlo con independencia.
Por Equipo de redacción
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