El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora cada 9 de agosto, fue establecido por Naciones Unidas para reconocer la contribución de los pueblos indígenas y llamar la atención sobre sus derechos. No se trata, por tanto, de una fecha destinada únicamente a celebrar la diversidad cultural, sino de recordar que detrás de cada lengua, tradición, conocimiento o forma de organización existen comunidades con derechos que los Estados están obligados a respetar y proteger.
Los pueblos indígenas conservan conocimientos transmitidos de generación en generación que abarcan mucho más que expresiones culturales. Son saberes relacionados con la agricultura, la alimentación, la medicina tradicional, el manejo del agua y de los bosques, la conservación de la biodiversidad, la organización comunitaria y la relación con el territorio. Son conocimientos vivos, no piezas de museo, y su continuidad depende de que las nuevas generaciones puedan recibirlos, practicarlos y transmitirlos.
En Bolivia, esa discusión tiene un peso particular. La Constitución Política del Estado reconoce la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y les garantiza derechos vinculados con su identidad cultural, territorialidad, instituciones y formas propias de organización. El artículo 100, además, reconoce como patrimonio de estos pueblos sus cosmovisiones, mitos, historia oral, danzas, prácticas culturales, conocimientos y tecnologías tradicionales.
El problema comienza cuando ese reconocimiento jurídico se enfrenta con la realidad. Una Constitución puede declarar que los conocimientos tradicionales forman parte del patrimonio de los pueblos, pero su preservación requiere mucho más que una declaración: exige proteger las lenguas, garantizar la transmisión de los saberes, respetar los territorios y evitar que prácticas culturales y conocimientos comunitarios queden relegados frente a procesos de homogeneización cultural.
También existe una dimensión menos visible: quién controla esos conocimientos y quién se beneficia de ellos. Cuando un saber desarrollado durante generaciones por una comunidad adquiere valor económico, científico o comercial, la discusión ya no es solamente cultural. Aparecen cuestiones relacionadas con reconocimiento, protección, participación y derechos colectivos.
Por eso, el 9 de agosto debería servir en Bolivia para algo más que recordar la riqueza de sus pueblos indígenas. Debería permitir revisar cuánto de la condición de Estado Plurinacional se expresa efectivamente en las políticas públicas y en la vida de las comunidades.
La verdadera preservación cultural no consiste en conservar una imagen folclórica de los pueblos indígenas, sino en garantizar que puedan mantener sus lenguas, transmitir sus conocimientos, proteger sus territorios y decidir sobre su propio futuro.
En esa diferencia entre reconocer y garantizar está, quizá, la verdadera dimensión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Por Equipo de redacción
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