Un gobierno no debería medir su gestión únicamente por la cantidad de acuerdos que anuncia, sino por la capacidad de convertirlos en resultados concretos. El abucheo de El Alto no demuestra por sí mismo que exista un rechazo generalizado a Rodrigo Paz, pero sería un error político tratarlo como un simple episodio desagradable. Cuando un presidente recibe expresiones de rechazo en un acto público, corresponde preguntarse qué está ocurriendo detrás de esa escena.
El ministro de Trabajo, William Bascopé, dijo que los abucheos forman parte de la democracia. Es una respuesta correcta desde el punto de vista democrático: el ciudadano tiene derecho a expresar su descontento. Pero reconocer el derecho a protestar es apenas el primer paso. La pregunta más difícil para el Gobierno es qué hace con aquello que está escuchando.
Porque una democracia no consiste solamente en tolerar el reclamo. También exige capacidad para leerlo, procesarlo y corregir cuando sea necesario.
Ahí aparece el desafío de fondo: el Estado necesita comenzar a moverse. No basta con cambiar autoridades, anunciar reformas o firmar acuerdos. Si el objetivo de Paz es modernizar la administración pública, debe empezar a desmontar las trabas institucionales que hacen que el ciudadano siga encontrándose con un Estado lento, burocrático y distante de sus necesidades.
El acuerdo del 50/50 con las gobernaciones puede ser una oportunidad para comenzar esa transformación, pero no debería confundirse el inicio con el resultado. La firma de un acuerdo político no distribuye por sí sola competencias ni garantiza recursos. El siguiente paso es construir la norma que haga viable ese compromiso y someterla al procedimiento legislativo correspondiente en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Y hay una discusión todavía más importante: dinero y responsabilidades deben caminar juntos.
Si las gobernaciones reciben mayores recursos, también habrá que establecer con precisión qué competencias asumirán, qué servicios deberán garantizar y con qué mecanismos serán evaluadas. De lo contrario, el 50/50 podría terminar siendo solamente una transferencia de recursos —y eventualmente de problemas— desde el nivel central hacia los departamentos.
Por eso el Gobierno necesita algo más que la firma de los gobernadores. Necesita construir un consenso político y social suficientemente amplio para que la reforma no dependa de la voluntad de las autoridades de turno. Gobernadores, Asamblea, municipios, organizaciones sociales y otros sectores involucrados deberían conocer qué se pretende transferir, cuánto costará, quién administrará los recursos y quién responderá por los resultados.
De lo contrario, el riesgo es evidente: que mañana los gobernadores terminen cargando políticamente con responsabilidades que no tienen capacidad real de cumplir.
El 50/50, entonces, debería ser entendido como el comienzo de una discusión mayor sobre el modelo de Estado. Y esa discusión no puede reducirse a cuánto dinero recibe cada departamento. Debe responder algo mucho más complejo: qué Estado quiere construir Bolivia y cómo se repartirán el poder, los recursos y las responsabilidades para hacerlo funcionar.
Tal vez esa sea también la lectura que el Gobierno debería hacer del abucheo de El Alto. No como una ofensa que deba ser contestada, sino como una señal que merece ser escuchada. Porque cuando la ciudadanía reclama, el problema no siempre está en quien grita. A veces está en un Estado que todavía no ha aprendido a escuchar.
por Equipo de redacción
