El ministro de Gobierno anunció para este jueves 13 de agosto, en Guayaramerín, el lanzamiento de “Fronteras Seguras”, un plan de cooperación entre Bolivia y Brasil que contempla operaciones permanentes y acciones coordinadas entre la Policía Boliviana y la Policía Federal brasileña.
La decisión responde a una realidad que el propio Gobierno describe como grave: una expansión del crimen transnacional con efectos visibles en las zonas fronterizas y una “ola de crímenes” que también alcanza a Santa Cruz. La participación de Brasil revela, además, que el fenómeno ya no puede ser tratado como un asunto exclusivamente interno.
La referencia oficial a los “veinte años pasados” tiene una lectura política evidente. El Gobierno está construyendo una explicación del presente sobre la base de una política de seguridad que, según su versión, permitió que determinadas estructuras delictivas crecieran durante ese periodo. Es una acusación que apunta al largo ciclo de gobiernos del MAS y, particularmente, a Evo Morales.
Pero esa explicación tiene un límite: no puede convertirse en una coartada para el presente, según expertos en seguridad.
Si el crimen organizado avanzó durante dos décadas, el desafío de Rodrigo Paz consiste precisamente en impedir que continúe avanzando durante su Gobierno. La seguridad no se recupera con discursos ni con el señalamiento permanente de los responsables del pasado, sino con inteligencia, control territorial, coordinación policial, presencia efectiva del Estado y resultados sostenidos.
Por eso, “Fronteras Seguras” debe ser evaluado por algo más que su acto de lanzamiento. El Gobierno tendrá que demostrar qué significa en la práctica hablar de operaciones permanentes, dónde estarán desplegadas, cómo funcionará el intercambio de información con Brasil, cuáles serán sus objetivos y cómo se medirá su eficacia, señalan expertos.
La cooperación binacional puede ser un paso necesario frente a un delito que no respeta fronteras. Pero también plantea una obligación para Bolivia: si el Estado necesita coordinarse con Brasil para recuperar seguridad en su propia frontera, debe ser capaz de convertir esa cooperación en una política de Estado y no en una operación coyuntural.
El Gobierno tiene derecho a señalar hacia atrás para explicar cómo se llegó hasta aquí. Pero gobernar significa mirar hacia adelante.
Evo Morales puede explicar parte del pasado; Rodrigo Paz tiene que responder por el presente.
Y el tiempo juega en contra. Porque cuando el crimen organizado encuentra territorios donde el Estado llega tarde, llega poco o simplemente no llega, no se limita a cometer delitos: construye poder.
La verdadera prueba de “Fronteras Seguras” será, por tanto, si el Estado boliviano consigue recuperar ese espacio antes de que sea demasiado tarde.
Por Equipo de redacción
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