La acusación llegó en un momento especialmente sensible. Bolivia atraviesa una crisis que se mide en el precio de los alimentos, en las dificultades para conseguir combustible y en familias que cada día deben estirar un poco más sus ingresos. Y, de pronto, aparece una denuncia que habla de $us 5.000 mensuales para algunos de quienes tienen en sus manos las decisiones del Estado.
Nadia Beller sostiene que parte de las bancadas de Libre y Unidad habría recibido ese dinero para acompañar al Gobierno en la Asamblea. Primero hizo la acusación y después presentó una lista de 28 legisladores que, según su versión, habrían sido beneficiarios. También afirmó que la nómina le habría sido entregada por Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Paz.
Los señalados niegan haber recibido el supuesto sobresueldo y reclaman que Beller muestre las pruebas. El jefe de bancada de Libre en Diputados, Rafael López, rechazó categóricamente la denuncia y pidió que se hagan públicos los documentos que supuestamente demostrarían los pagos. Desde Unidad también exigieron evidencias y algunos legisladores se mostraron dispuestos a transparentar sus movimientos bancarios.
Pero hay algo que no debería ocurrir: que el caso termine convertido en una guerra de declaraciones, comunicados y amenazas de querella mientras la pregunta esencial queda sin respuesta.
¿Hubo dinero o no hubo dinero?
Esa pregunta no la puede resolver una conferencia de prensa. Tampoco una lista. Mucho menos una negación.
La puede resolver una investigación.
Y aquí es donde el caso adquiere una dimensión que va más allá de Nadia Beller y de los 28 nombres. Si los pagos no existieron, la justicia tiene la obligación de establecerlo y limpiar la reputación de quienes fueron señalados. Si existieron, debe descubrir quién pagó, de dónde salió el dinero, quién lo recibió, cómo se hicieron las entregas y qué relación tuvieron esos pagos con las decisiones de la Asamblea.
La sociedad boliviana ha escuchado demasiadas veces la misma historia: aparece una denuncia, los acusados la niegan, los abogados anuncian querellas, los partidos cierran filas y, con el paso de los días, la indignación se diluye. Lo que queda es la sensación de que la verdad importa menos que la capacidad de cada sector para defenderse.
Esta vez la justicia tiene una oportunidad de reivindicarse ante la ciudadanía. No condenando a nadie de antemano, sino haciendo exactamente aquello que la sociedad espera de ella: investigar hasta saber qué ocurrió.
Porque la calle no está pidiendo que se condene a un diputado por aparecer en una nómina. Está pidiendo algo mucho más elemental: que una denuncia de esta magnitud no sea enterrada bajo el peso de la política.
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Por Equipo de redacción
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