Bolivia lleva 20 años discutiendo si la inversión extranjera es buena o mala. Mientras tanto, Perú factura 50.000 millones de dólares al año en minería, Chile 65.000 y Bolivia apenas 6.000. Tenemos la materia prima más buscada del planeta, pero no tenemos lo único que pide el que tiene la chequera: reglas claras.
Esa fue la última estocada de Marcelo Claure. El hombre más rico de Bolivia no pidió subsidios, ni favores. Pidió lo mínimo que pide cualquier fondo en el mundo: «Claridad en nuestras inversiones, seguridad jurídica de que podemos ir, invertir y, si generamos empleo y dinero, sacar nuestro capital de Bolivia».
No es un discurso nuevo. Es el mismo que repite desde hace dos años. Lo nuevo es el momento. Lo dice justo cuando Rodrigo Paz cumple su primer gran promesa: enviar a la Asamblea la primera ley estructural de su gestión, la Ley de Inversiones, para dar previsibilidad y atraer capital.
Y ahí es donde se estrellan las buenas intenciones con la realidad legal.
Jorge «Tuto» Quiroga se lo dijo en la cara al nuevo gobierno: hoy la inversión extranjera en Bolivia solo entra «por rendijas». La Constitución de 2009 blinda al Estado como dueño absoluto de los recursos naturales. Por más moderna que sea la ley que apruebe Paz, cualquier contrato millonario de litio o tierras raras puede ser tumbado mañana por un fallo constitucional.
Por eso Paz tuvo que hacer dos anuncios al mismo tiempo: mandó la ley, pero también anunció la creación de una comisión para reformar parcialmente la Constitución. Sabe que una sin la otra no funciona.
Pero en la calle ya no creen en leyes. Creen en negocios. La gente lo entiende mejor que los constitucionalistas: nadie cruza el mundo con 5.000 millones de dólares para hacer caridad. Viene a ganar. Y el Estado tiene que dejarlo ganar, cobrándole impuestos, regalías y exigiendo empleo boliviano.
Ese fue el pecado del modelo anterior: satanizar la ganancia. Se pensó que pedirle al empresario que gane era vender la patria. El resultado fue que el empresario se fue a Perú y a Argentina, donde sí lo dejan ganar, y aquí nos quedamos discutiendo.
El gobierno de Paz tiene ahora 90 días para definir de qué lado está. Si hace solo la ley, tendrá titulares, fotos con empresarios y cero dólares. Si hace primero la reforma constitucional que blinde los contratos, la propiedad privada y el arbitraje internacional, entonces la frase de Claure dejará de ser una advertencia y se volverá una inversión.
Porque al final, la inversión no llega por patriotismo. Llega por confianza. Y la confianza no se decreta. Se escribe en la Constitución.
Por Equipo de redacción
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