El vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que Bolivia destina alrededor de $us 55 millones cada semana para sostener la subvención a los combustibles y pidió discutir el tema con urgencia, bajo el argumento de que esos recursos podrían ser destinados a educación, obras y otras necesidades del país. El monto equivale, llevado a un año, a unos $us 2.860 millones, aunque esta cifra debe entenderse como una proyección del ritmo semanal señalado por el Gobierno y no como una transferencia directa de dinero a los consumidores.
El dato coloca nuevamente a la subvención en el centro de la discusión económica. Bolivia importa buena parte de los combustibles que consume y mantiene precios internos por debajo de sus costos de importación, generando una diferencia que termina siendo asumida por el Estado. El problema se agrava cuando el combustible subvencionado puede alimentar el contrabando y otras distorsiones, mientras las cuentas públicas enfrentan fuertes restricciones.
Pero hay otra pregunta que también reclama espacio en el debate: ¿el ajuste comienza por el ciudadano o también por el Estado?
Si el Gobierno sostiene que cada semana se destinan $us 55 millones a la subvención y que esos recursos podrían financiar educación y obras, la población también tiene derecho a conocer qué gastos está dispuesto a reducir el propio aparato estatal. El parque automotor oficial es uno de los ejemplos más visibles: vehículos asignados a autoridades y ejecutivos, choferes, combustible, mantenimiento, seguros y otros costos asociados representan un gasto que merece ser cuantificado y revisado, sin desconocer que determinadas funciones públicas requieren vehículos operativos.
La misma lógica debería alcanzar a viajes, consultorías, alquileres, gastos administrativos, estructuras burocráticas y empresas públicas deficitarias. No basta con anunciar austeridad: la sociedad necesita conocer un plan concreto, cuánto pretende ahorrar el Gobierno, en qué plazo y dónde comenzará el recorte.
Porque el problema no es solamente cuánto cuesta la gasolina subvencionada. También es cuánto cuesta mantener un Estado que pide sacrificios mientras todavía no muestra con suficiente claridad cuánto está dispuesto a sacrificarse a sí mismo.
En la calle, la pregunta puede resumirse de una manera mucho más sencilla: si la situación es tan urgente, ¿por qué el Gobierno todavía no muestra una tijera igual de urgente para cortar sus propios gastos?
La discusión sobre la subvención, por tanto, no debería reducirse a subir o bajar el precio de los combustibles. Debería incluir una revisión integral del gasto público y una señal política elemental: el ejemplo empieza por casa.
Por Equipo de redacción
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