La Comisión de Planificación debatió durante unas ocho horas el proyecto de ley que autoriza el financiamiento del FMI y finalmente lo aprobó por mayoría, incorporando modificaciones al documento. El proyecto pasa ahora al pleno de Diputados, donde deberá ser discutido antes de continuar su trámite legislativo.
Pórcel explicó que durante el tratamiento surgieron observaciones sobre la documentación que acompaña el acuerdo. Una de las principales fue la susceptibilidad de que existan anexos que no hubieran sido remitidos a la Asamblea. El legislador también cuestionó que, según la explicación recibida del Ejecutivo, un memorando final con el FMI se obtendría después de la aprobación de la ley y del financiamiento.
El asunto adquiere mayor dimensión cuando se revisan las condiciones del programa económico. El FMI informó que el acuerdo por unos $us 1.900 millones respalda un programa de reformas de 36 meses destinado, entre otros objetivos, a reducir las vulnerabilidades fiscales, reconstruir reservas internacionales y fortalecer la protección social.
Y entre las medidas fiscales aparece el combustible. Documentos del FMI plantean la eliminación de las subvenciones a los combustibles, acompañada de mecanismos de protección social para amortiguar el impacto sobre los hogares más vulnerables. El propio organismo ha señalado que una reforma de este tamaño requiere medidas de mitigación y una estrategia clara de implementación.
Por eso, el debate en Diputados no se reduce a votar sí o no a los $us 1.900 millones. La pregunta que queda abierta es si el pleno tendrá la voluntad política para revisar las observaciones planteadas en comisión, exigir toda la documentación y proponer alternativas para reducir el impacto social de las condiciones económicas asociadas al programa.
Porque si el Gobierno ya asumió compromisos frente al FMI y entre ellos está desmontar la subvención a los combustibles, la Asamblea tiene delante algo más que una ley de financiamiento: tiene que decidir qué condiciones está dispuesta a respaldar y qué salvaguardas exigirá para quienes terminarán pagando la factura en la economía cotidiana.
Por Equipo de redacción
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